La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) denunció amenazas, bloqueos y daños a vehículos de transporte en el Parque Industrial Santiváñez, atribuidos a dos sindicatos de transporte pesado, y exigió este martes la intervención del Gobierno para garantizar la circulación de mercancías y el funcionamiento de las industrias.
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, afirmó que las organizaciones sindicales involucradas presuntamente buscan imponer tarifas de flete y restringir la contratación de transportistas independientes. Según el dirigente, estas prácticas comprometen la libertad de contratación y podrían derivar en responsabilidades penales.
“Estamos ante denuncias de conductas que podrían constituir delitos de acción pública y que requieren la intervención inmediata de las autoridades competentes”, manifestó durante una conferencia de prensa.
La entidad empresarial solicitó al Ministerio Público investigar los hechos denunciados, a la Policía Boliviana garantizar la seguridad de trabajadores y transportistas y al Ministerio de Gobierno adoptar medidas para restablecer la circulación.
Demeure también cuestionó que las restricciones persistan durante el Estado de Excepción por Conmoción Interna mencionado en el pronunciamiento institucional y pidió que las autoridades actúen para evitar nuevas afectaciones a las actividades productivas.
El presidente de la Cámara Departamental de Minería, Mirko Bellott, señaló que empresas del sector que operan en Santiváñez enfrentan dificultades para movilizar su producción, pese a contar con acuerdos comerciales previamente establecidos con transportistas.
Según Bellott, las restricciones afectan el cumplimiento de contratos, incrementan los costos operativos y dificultan el acceso a mercados. También denunció daños materiales en vehículos, entre ellos retrovisores rotos y otras afectaciones a unidades utilizadas para el traslado de mercancías.
“Está bien que defiendan su trabajo, pero no por encima del derecho de otros y peor todavía, dañando las unidades de otras empresas”, afirmó.
El representante minero pidió la intervención de las autoridades para restablecer las condiciones de seguridad y permitir que las empresas desarrollen sus operaciones.
El representante de la Cámara Departamental de la Construcción (CDTC), Luis Jiménez, advirtió que las restricciones al transporte pueden afectar el abastecimiento de cemento, agregados y otros materiales, además de encarecer los costos de las obras.
Recordó que Cochabamba enfrentó anteriormente dos episodios de restricciones sindicales al transporte de cemento que provocaron desabastecimiento, incrementos de precios y retrasos en la ejecución de proyectos.
“Hace un tiempo atrás hemos tenido la misma situación en dos oportunidades. Hemos tenido desabastecimiento de cemento en nuestro departamento, lo que ha ocasionado que el poco cemento que existía tenga un costo muy elevado”, manifestó.
Jiménez sostuvo que las medidas denunciadas perjudican al conjunto del aparato productivo y solicitó que las autoridades garanticen el funcionamiento de las actividades económicas dentro del marco legal.
Demeure señaló que el conflicto se produce en un contexto de incremento de los costos de producción y transporte, presión inflacionaria y dificultades para sostener las operaciones industriales.
Explicó que las interrupciones en Santiváñez comprometen el abastecimiento de materias primas, la distribución de productos terminados y el cumplimiento de contratos, con posibles efectos sobre los precios, el empleo y la recaudación tributaria.
“Resulta insostenible exigir a las empresas mayor producción, inversión, estabilidad de empleo, incluso incremento salarial, mientras se toleran prácticas de imposición sindical que restringen su funcionamiento”, sostuvo.
La FEPC expresó su respaldo a las industrias del parque industrial, a los transportistas independientes y a las empresas afectadas. Finalmente, exigió al Gobierno nacional, al Ministerio Público y a la Policía garantizar la circulación de vehículos y mercancías, investigar las denuncias y determinar las responsabilidades correspondientes.
“Cochabamba necesita producir, invertir y generar empleo. El cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre cualquier interés sectorial. Exigimos acciones inmediatas, resultados y las sanciones que correspondan a los responsables”, concluyó Demeure.