La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) denunció hoy bloqueos, amenazas, daños a vehículos y restricciones a la libre contratación de servicios de transporte de carga en el Parque Industrial Santiváñez, atribuidos a dos sindicatos de transporte pesado que pretenden imponer tarifas de flete y excluir a operadores independientes. Ante este conflicto, exigió la intervención inmediata del Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Gobierno para garantizar el funcionamiento de las industrias, proteger las fuentes laborales. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, acompañado por representantes de los sectores minero y de la construcción, advirtió que los hechos denunciados trascienden un conflicto sindical, debido a sus implicaciones legales y sus consecuencias sobre las actividades productivas del departamento. “Estamos ante denuncias de conductas que podrían constituir delitos de acción pública y que requieren la intervención inmediata de las autoridades competentes”, manifestó Demeure. El dirigente empresarial explicó que los artículos 303 y 304 del Código Penal boliviano contemplan los delitos de atentado contra la libertad de trabajo y monopolio de trabajo, respectivamente, mientras que los artículos 293 y 294 sancionan las amenazas y la coacción. Asimismo, recordó que el artículo 314 de la Constitución Política del Estado prohíbe el monopolio privado y los acuerdos destinados a controlar de manera exclusiva la comercialización de bienes y servicios.
Exigen acciones Demeure cuestionó que estas restricciones persistan durante el Estado de Excepción por Conmoción Interna referido en el pronunciamiento institucional, considerando que el Estado cuenta con mecanismos extraordinarios para preservar el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. “Exigimos al Ministerio Público investigar de oficio los hechos denunciados, a la Policía Boliviana garantizar la circulación y la seguridad de trabajadores y transportistas, y al Ministerio de Gobierno disponer las acciones que correspondan para restablecer el ejercicio de estos derechos”, afirmó. El presidente de la FEPC señaló que las medidas denunciadas se producen en un contexto de incremento de costos de producción y transporte, presión inflacionaria y cierre de operaciones industriales.