El Viceministerio de Transparencia identificó Bs 720.080 en movimientos económicos fuera del perfil financiero de dos exautoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí, además de bienes inmuebles y cuentas bancarias no declaradas, informó este martes el viceministro Yamil García.

Los hallazgos corresponden a una investigación iniciada en junio de 2025, después de recibir una denuncia anónima sobre presuntos cobros de aportes a funcionarios de esa institución. A partir de esa alerta, la cartera de Estado realizó un rastreo financiero y patrimonial de la entonces administradora departamental y del exencargado del INE.

Según García, la exadministradora registró Bs 584.510 en transacciones que no corresponderían a salarios, aguinaldos ni otros ingresos legítimamente justificados. De ese monto, aproximadamente Bs 300.000 procederían de funcionarios del INE y más de Bs 200.000 de personas que fueron proveedoras de la entidad.

El viceministro indicó que los movimientos vinculados a proveedores podrían constituir presuntos pagos de coimas o cohecho. Además, se identificaron dos bienes inmuebles que no figuraban en la declaración jurada de la exfuncionaria, uno de ellos adquirido mediante escritura pública en abril de 2025.

La verificación patrimonial también detectó dos cuentas bancarias no declaradas que, en conjunto, superaban los Bs 190.000.

En el caso del exencargado departamental, Hernán Arcibia, Transparencia identificó Bs 135.570 que presuntamente provenían de recaudaciones efectuadas entre el personal de la institución. También se encontraron dos inmuebles en la zona de Villa Copacabana, en Potosí, que no habrían sido incluidos en su declaración jurada de bienes y rentas.

A partir de estos hallazgos, el Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra la exadministradora, el exencargado departamental y otros dos funcionarios que presuntamente actuaban como recaudadores.

La acción legal contempla presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas y concusión. La causa ya se encuentra radicada en la Fiscalía Departamental de Potosí, a cargo de un fiscal especializado.

García señaló que la denuncia anónima advertía que los cobros al personal se habrían realizado durante una campaña política en junio de 2025. Sin embargo, remarcó que las investigaciones no se limitarán a ese periodo y que el Gobierno no tolerará exigencias ilegales de dinero a funcionarios públicos.

El proceso deberá establecer el origen de los recursos identificados, la legalidad de las transacciones y la eventual responsabilidad penal de los denunciados.