La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, fue uno de los principales hechos que Oviedo resaltó durante su informe. El operativo policial concluyó sin bajas y permitió su posterior expulsión a Estados Unidos, donde era requerido por la justicia y figuraba entre los tres objetivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Marset contaba con una estructura de protección que, según las investigaciones, habría integrado a exmilitares colombianos y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de mecanismos de encubrimiento que presuntamente involucraban a exautoridades y operadores de justicia.

A esta captura se suman las de más de 20 cabecillas de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Los Espartanos y Los Pulpos. Entre los casos destacados está el de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias “Mapaya”, señalado como líder de Los Espartanos, quien fue capturado y posteriormente expulsado a Colombia.

«Estamos ganando la guerra contra el narcoterrorismo”, afirmó Oviedo al destacar las acciones ejecutadas contra las estructuras criminales que operaban en territorio boliviano.

El balance también incluyó investigaciones que alcanzaron a exautoridades de distintas instituciones estatales por presuntos hechos de corrupción y otros delitos. Entre ellas figura el expresidente Luis Arce Catacora, investigado por irregularidades relacionadas con la administración de recursos del Fondo Indígena; su hijo Marcelo Arce Mosqueira, por presunta corrupción y legitimación de ganancias ilícitas; el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, por el caso de la Doble Vía El Sillar; y el exgerente de EMAPA Franklin Flores, por hechos vinculados con la administración de recursos y proyectos estatales.

Otro proceso destacado es el denominado caso Mariaca, que investiga una presunta estructura de protección a organizaciones relacionadas con el narcotráfico dentro del Ministerio Público. El 30 de septiembre fueron aprehendidos el exfiscal general Roger Mariaca y el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos.

Las pesquisas también alcanzaron al exfiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, al exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Torres y al mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel, además de otros operadores investigados. En el marco de este proceso se ejecutaron 33 allanamientos y se secuestraron 46 vehículos, cinco inmuebles, más de Bs 5 millones, $us 407.000 y cuatro armas de fuego.

Al referirse a esta investigación, Oviedo sostuvo que las actuaciones deben alcanzar a quienes presuntamente utilizaron sus cargos para favorecer actividades criminales. “Este caso demuestra que en Bolivia ya no existen intocables. Caiga quien caiga, vamos a desarticular las redes de protección al narcoterrorismo que se enquistaron en las instituciones del Estado”, manifestó.

En cuanto a las operaciones antidroga, la Policía Boliviana ejecutó 9.417 intervenciones entre el 8 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026. Como resultado, se secuestraron 402 toneladas de sustancias controladas, se destruyeron 39 laboratorios de cristalización, además de 515 fábricas de droga, con 2.682 personas aprehendidas.

Las acciones también se dirigieron contra los medios logísticos utilizados por las organizaciones narcotraficantes. Durante ese periodo fueron incautadas 83 aeronaves, frente a las nueve registradas en la anterior gestión, además de 791 vehículos y 16 pistas clandestinas destruidas.

El ministro destacó el impacto de las operaciones en las estructuras del narcotráfico. “La afectación económica superior a los $us 132 millones es producto de una estrategia integral basada en inteligencia policial, operaciones de interdicción y fortalecimiento institucional”, señaló.

En materia de seguridad ciudadana y control fronterizo, el balance comprendió la aplicación del Plan Halcón, el Plan Fronteras Seguras y su segunda fase, Fronteras Seguras 2.0. Esta última incorporó 230 efectivos policiales especializados, patrullajes combinados, drones y herramientas de inteligencia artificial para reforzar las tareas de vigilancia e intervención.

La cooperación internacional fue otro de los componentes mencionados por Oviedo. Bolivia asumió la Presidencia Pro Témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 países, se incorporó al Escudo de las Américas y consolidó alianzas estratégicas con Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Se acabó el aislamiento internacional para luchar contra el narcoterrorismo”, afirmó la autoridad al referirse al relacionamiento con otros gobiernos y organismos de seguridad. También sostuvo que la incorporación al Escudo de las Américas permitirá ampliar la coordinación regional frente a las organizaciones criminales.

“Decidimos formar parte del Escudo de las Américas y aliarnos con varios países de la región para defender nuestra soberanía, seguridad y bienestar”, agregó Oviedo al explicar los objetivos de estos acuerdos.